Con el foco en la competitividad, la UIA propone el régimen "RICI" para frenar la caída de la producción y la sangría de empleos

Frente a un escenario recesivo signado por la contracción de la actividad manufacturera, la contracción del consumo interno y la pérdida constante de puestos de trabajo formales, la Unión Industrial Argentina (UIA) formuló una propuesta integral para crear el Régimen de Incentivo a la Competitividad Industrial (RICI). Esta iniciativa, presentada en el marco de la 32ª Conferencia Industrial y diseñada bajo un Pacto Fiscal Industrial Federal, busca otorgar beneficios tributarios, alivio financiero y estabilidad impositiva por tres décadas a fin de equiparar las condiciones operativas de las fábricas locales con las de sus competidores del exterior, garantizando al mismo tiempo la integración de las pymes a las grandes inversiones en energía y minería.

El planteo expuesto por el titular de la UIA, Martín Rappallini, parte de un relevamiento sobre la asimetría tributaria que afecta a la producción formal en el país, donde la carga sobre el sector legalmente constituido alcanza el 56% —ubicando a la Argentina en el primer puesto de la comparación internacional elaborada por la entidad—, mientras que la presión promedio general se posiciona en el 28%.

Para revertir este cuadro, el esquema RICI impulsa un conjunto de medidas estructurales:

• Impuesto a las Ganancias: Fijación de una alícuota única del 25% para sociedades.

• Compensación de tributos: Posibilidad de imputar contribuciones patronales e impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de IVA y Ganancias.

• Incentivos a la inversión: Amortización acelerada, exenciones en Ingresos Brutos y Sellos para el financiamiento productivo, y la creación de una cuenta única tributaria.

• Comercio exterior y provincias: Aumento de reintegros a las exportaciones industriales, estabilidad fiscal por 30 años, reducción progresiva de Ingresos Brutos hasta su exención fabril y adecuación de las tasas municipales a servicios efectivamente prestados.

Al fundamentar la iniciativa, Rappallini remarcó que “el gran desafío es pasar de una economía para defenderse a una economía para producir. Y para eso la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero es solo el comienzo”. En esa misma línea, el dirigente precisó: “Una empresa argentina compite con las condiciones laborales, los tributos y la infraestructura de otros países. La competitividad no depende solo del esfuerzo de las empresas, sino también de las condiciones del país. Las empresas tenemos la responsabilidad de invertir y mejorar la productividad, pero el Estado tiene que generar las condiciones para que podamos hacerlo”.

Asimismo, enfatizó que “las pymes no pueden esperar a una reforma integral de toda la economía. Por eso hablamos de un puente”, destacando además que “el ministro hizo anuncios muy importantes que veníamos conversando en los últimos meses” en referencia a las medidas informadas por el titular de la cartera económica, Luis Caputo.

La fundamentación de la UIA se sostiene en las estimaciones del Centro de Estudios de la entidad (CEU-UIA), cuyos registros indican que la producción industrial sufrió un retroceso mensual del 0,2% en septiembre y una caída del 3,4% interanual, acumulando un saldo negativo del 2,8% en los primeros nueve meses del año. Al analizar los distintos rubros, la industria automotriz registra una contracción acumulada del 17% frente al período anterior y está un 20% por debajo de los niveles de 2022. La metalmecánica cede 5,3% en el año, la producción siderúrgica cayó 4% mensual en septiembre y los despachos de cemento se ubican entre un 25% y un 30% por debajo de los registros de hace dos años.

En el ámbito laboral, los datos presentados señalan que desde agosto de 2023 el sector fabril perdió 95.000 empleos formales, con un ritmo de reducción promedio de 3.700 puestos mensuales. Ante este panorama, Rappallini advirtió que “detrás de estos números hay empresas que tienen demanda limitada, costos altos y una competencia que muchas veces se desarrolla en condiciones desiguales”.

Finalmente, el referente industrial alertó sobre el impacto a largo plazo que genera la desarticulación del tejido productivo durante el proceso de transición económica: “El desarrollo es acumulación de capacidades. Una industria, además de bienes, produce conocimiento. Esto se construye durante décadas y, si durante esta transición destruimos esas capacidades, destruimos también la posibilidad de construir futuro”. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de encadenar el entramado pyme a los proyectos estratégicos de inversión: “Si queremos que estos sectores sean realmente competitivos a nivel global, tenemos que trabajar para que toda la cadena de valor sea competitiva”, y concluyó que “tenemos por delante la responsabilidad de construir un futuro común, aun cuando pensemos distinto. El desarrollo del país necesita respeto y compromiso de todos”.